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Nombre:
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Jorge Alberto Allec Maciel
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Universidad :
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Universidad Virtual del Estado de Guanajuato
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Fecha de elaboración:
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02 de abril de 2017
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Nombre del Módulo:
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Régimen Político y División de Poderes
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Nombre de la Evidencia de Aprendizaje:
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Nombre del Asesor:
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Edgar Camacho Martínez
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I.
Resumen
México
es una república democrática, representativa y federal; tiene un régimen
político basado en la división de poderes: El Legislativo, el Ejecutivo y el
Judicial cuya misión consiste en formular las leyes, ejecutarlas y dirimir los
conflictos, respectivamente.
El
país presenta una serie de problemas graves entre los que se destacan la
pobreza, los bajos salarios, la creciente economía informal, la corrupción, la
inseguridad y la impunidad, entre otros.
Es
opinión del autor de este ensayo que los problemas que afectan al país no
derivan de la estructura del estado ni del rol que constitucionalmente juegan,
sino de los intereses contrarios al interés mayoritario que defienden quienes
detentan el poder en México.
El
autor también sostiene que la situación podría mejorar si se ponen en marcha
una serie de propuestas cuya base es la participación de la sociedad en los
asuntos públicos, es decir, si se pone en marcha una nueva manera de gobernar,
una nueva gobernanza.
II.
Introducción
El
presente ensayo tiene como propósito fundamental elaborar una propuesta
política que coadyuve en la mejora continua de los procesos que lleva a cabo el estado mexicano para
resolver los problemas que plantea la sociedad que encabeza y administra. Para
ello, este trabajo analiza la estructura del régimen político de México, la forma
como se organiza el aparato estatal, el modo como se desarrollan los procesos
que genera y en los que participa, así como los aspectos negativos que se
distinguen en la actuación del estado y cómo pueden corregirse.
Desarrollar los temas mencionados es
muy importante pues permite ubicar con claridad aquellos aspectos que
caracterizan la estructura y la organización del régimen político; de igual
manera, permite visualizar aquellos aspectos de la actividad estatal que deben
modificarse a fin de que la situación del país se transforme positivamente y se
alcance un mayor grado de satisfacción de la comunidad con respecto al
desempeño del aparato estatal.
Abordar este tema es de la mayor
utilidad, pues proporciona un mayor conocimiento acerca de cómo está
estructurado el régimen político; igualmente permite tener una visión más
precisa de la problemática actual del estado mexicano; de la misma manera,
puede servir para tratar de adelantarnos al curso de los hechos; además puede
ayudar a mejorar la comprensión personal de los fenómenos que ocurren en esta
esfera; asimismo puede ser usado para proponer políticas encaminadas a mejorar
su actividad. Escribir sobre este tema puede estimular también el
fortalecimiento del debate que puede llevarnos a encontrar las vías para transformar
de mejor manera la realidad del país.
III.
Desarrollo del tema central
El concepto de estado
De
acuerdo con la clasificación de Aldo Isuani (1979) se pueden encontrar tres
nociones básicas de Estado en la literatura de la teoría política:
a)
Como
una asociación o comunidad incluyendo una institución de gobierno:
Aquí el concepto de Estado se torna
coextensivo al concepto de sociedad. Las sociedades, en algún punto de su
desarrollo histórico, existen como tales, solamente en forma de Estados. Para
este punto de vista, el Estado cubre los habitantes de un territorio
determinado y requiere instituciones gubernamentales, administrativas y
represivas para proteger a tal asociación de las amenazas externas y del caos
interno. (Hobbes, Locke y Rousseau -El contrato social- y Max Weber).
i.
Las teorías del contrato social: Los
individuos acuerdan crear una entidad social para vencer las desventajas de un
real o hipotético “Estado de naturaleza”. Para atender a esa meta, ejecutan un
contrato por el cual un “Estado civilizado” es generado. Después de la “firma”
del pacto, el nuevo Estado se vuelve una asociación compulsiva. Sus
representantes son:
·
Hobbes
·
Locke
·
Rousseau
ii.
Concepto de estado según Max Weber: Una
organización política compulsiva con operación continua será “Estado” en la
medida que su órgano administrativo ostente para sí el monopolio legítimo de la
violencia física para proteger su orden.
b)
Como
una dimensión de la sociedad, cubriendo u oponiéndose a otras dimensiones
sociales.
En esta concepción, el Estado ahora se
vuelve una esfera o dimensión social que unas veces cubre, otras se opone a
otras esferas sociales. Y en este enfoque de Estado que la díada sociedad
civil-Estado se torna significativa. Esta noción alcanza desarrollo completo en
la obra de Hegel.
c)
Como
un aparato para el gobierno, la administración y la coerción.
Una tercera noción ve al Estado como un
aparato gubernamental, administrativo y correctivo dentro de una sociedad
determinada. Como en la segunda noción, el Estado no coincide con el concepto
de sociedad. Difiere de la concepción de Hegel en el sentido en que el Estado
no es un dimensión social abstracta, pero sí una institución concreta, separada
del resto de la sociedad. Y en esta noción es donde conceptos como el de
“autonomía” del Estado o el de “intervención” del Estado son significativos.
(Marx, Engels, Lenin).
Ahora
bien, independientemente de cómo consideremos al estado, Vargas Alejo (1998)
plantea que los regímenes políticos se pueden agrupar de acuerdo con diversos criterios
a punta los siguientes:
Criterios de clasificación del estado
a) De acuerdo con el criterio de
legitimación, pueden ser:
·
Regímenes democráticos: Son aquellos en los
que la dominación se asienta, se sustenta en el consenso de la población
·
Regímenes autoritarios: Son aquellos en los
que la dominación se sustenta en la coerción aplicada desde el poder
b) De acuerdo con el criterio de la
distribución funcional del poder, pueden ser:
·
Regímenes presidenciales, que están
caracterizados por la división del poder en 3 ramas (ejecutivo, legislativo y
judicial), el presidente es electo en forma regular por el pueblo y es
políticamente responsable ante éste; ni el presidente ni el congreso pueden
recortarse los mandatos, no existe el voto de censura del congreso sobre el
presidente o sobre sus ministros y, por último, el presidente tiene la
atribución de nombrar su equipo ministerial y este no es responsable ante el
congreso.
·
Los regímenes parlamentarios, que son
aquellos donde el ejecutivo procede del parlamento, que puede revocarlo (con el
derecho de censura) pero, al mismo tiempo, el ejecutivo tiene la facultad de
disolver el parlamento. El gobierno es el ejecutor de las leyes y decide de
materias reglamentarias y el parlamento legisla pero mantiene, ante todo, la
función de control político. En este régimen, es normal la presencia de
Partidos Políticos disciplinados en la lucha por el poder del ejecutivo.
c)
De acuerdo con el criterio de la distribución
territorial del poder.
·
Los regímenes centralistas son aquellos donde
las decisiones de gobierno son únicas y provienen de un mismo centro de poder.
·
Los regímenes federalistas pueden ser
entendidos como la unión de Estados alrededor de un organismo superior a quien
pertenece la soberanía.
Estas clasificaciones no son mutuamente
excluyentes, a manera de ejemplo, se pueden encontrar regímenes democráticos,
donde hay un régimen presidencial y donde el poder está centralizado.
La problemática de México y su relación
con la forma de organización del estado
Ahora
bien, desde el punto de vista formal, México es una república democrática,
representativa y federal y su régimen político es de tipo presidencialista. La
pregunta es, ¿cuántos y cuáles de los problemas principales que sufren los
Estados Unidos Mexicanos son atribuibles a cuestiones como la forma del estado, su forma de
organización o el tipo de régimen político y cuáles serían los cambios que
tendrían que operarse para mejorar la situación del país?
México
enfrenta serios problemas de diversa índole. Estos son algunos de ellos; se
agregan algunos datos para poder tener una idea de su magnitud:
El desempleo: La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) calcula que en la actualidad hay 2.4 millones
de trabajadores desempleados en México, lo que equivale a una tasa de 4.1 por
ciento. (Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2016”.
Los bajos salarios: El Consejo Nacional
Para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), calcularon para 2015 en $1315.06 el costo de la canasta
básica por persona por mes; sin embargo consideraron que para obtener un nivel
de bienestar mínimo se requería $2679.31 por persona por mes, en tanto que el
salario mínimo para la fecha se encontraba en $2131.04, cantidad insuficiente
para alimentar a una sola persona en un mes, con más razón insuficiente para
alimentar a una familia.
La Informalidad: 29.1 millones de
personas conformaron el sector que vive del empleo informal durante el primer
trimestre de 2016, que equivale a más de la mitad de la población ocupada, lo
que representa un crecimiento de 1.5% frente al mismo periodo de 2015, informó
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
La Pobreza: De acuerdo con datos del Coneval, para 2014
había en México 55.3 millones de personas pobres, lo que equivale al 46.2 por
ciento del total de la población.
La Inseguridad: El Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) reveló que el costo nacional estimado a consecuencia de la
inseguridad y el delito en 2015 representa cerca del 9% del PIB, que equivale a
1.7 billones de pesos.
La Corrupción: A México le cuesta, al
menos 100,000 millones de dólares al año la corrupción. Además, de acuerdo al
Índice de Percepción sobre Corrupción que realiza Transparencia Internacional,
nuestro país se encuentra en el lugar 105 entre 176 naciones. Mariana Cendejas
(2017), del Observatorio Nacional Ciudadano, afirma que según Transparencia
Mexicana y Transparencia Internacional, México cayó 28 posiciones en el Índice
de Percepción de la Corrupción (IPC) y se ubica en el lugar 123 de 176 países
evaluados, además de que es el peor calificado dentro de los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La Impunidad: México ocupa el segundo
lugar de 59 entre los países más impunes del mundo, sólo detrás de Filipinas,
según el Índice Global de Impunidad, elaborado por la Universidad de las
Américas Puebla (UdlaP) y Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla
(CCSJ).
Los
mencionados son sólo algunos de los problemas más graves que se viven en
México. ¿Qué cambios se tienen que operar en el país para que la situación
mejore? De acuerdo con la teoría, se necesita que cada uno de los poderes
cumpla con su deber: El legislativo que formule las leyes que hacen falta para
remediar los diferentes problemas; el Ejecutivo que las ejecute, a través de
políticas públicas que, consensadas con la comunidad, propongan una vía de
solución a los problemas y el Poder Judicial resuelva los conflictos de acuerdo
con la ley.
Observando
detenidamente, se verá que los poderes que conforman el estado mexicano
aparente y realmente vienen realizando lo que se anota más arriba: Se están
emitiendo leyes por parte del Legislativo, las está implementado el Ejecutivo y
el Judicial hace lo que le corresponde. Sin embargo no se avanza o se avanza
con demasiada lentitud en la solución de la problemática, de tal modo que no se
ven los resultados que espera la ciudadanía.
Tal
parece que a quienes integran los poderes, o expresado en otras palabras, a la
clase que gobierna no le interesa que problemas como la pobreza, el desempleo,
la inseguridad y la corrupción se resuelvan, aunque afecten a la mayoría de la
población, pues aquellos temas que son de su interés sí caminan, por ejemplo,
el tema de las reformas estructurales. A la fecha todas ellas han sido
aprobadas en el Congreso y se encuentran aplicándose ya en el terreno de los
hechos.
Aunque
a sectores muy importantes no les agrada el sentido de las reformas, quienes gobiernan
se proponen, en realidad, desmantelar lo que se ha construido en el sector
energético del país; concretamente en lo que se refiere a la explotación y el
usufructo del petróleo. Interviene el Poder Legislativo, aprueba una reforma
que equivale a entregar los recursos de la nación al capital privado; impone la
servidumbre obligatoria a los propietarios de los terrenos que requiera para
moverse la empresa petrolera; se desmantela Pemex y se abre la entrada del
capital privado al mercado nacional de la gasolina y la energía eléctrica,
entre otras medidas.
Desde
luego se puede alegar que el estado es mal administrador y que por ello es
necesario poner la energía y todo lo que se pueda en manos del capital privado;
sin embargo aún se recuerda cómo ha operado el estado mexicano el asunto de los
bancos: Cuando se encuentran en bancarrota, los toma el gobierno, los sanea y
los devuelve al capital privado, fortaleciendo de paso la idea de que el estado
no es más que un aparato al servicio de la clase dominante y su misión parece
consistir en abrir caminos legales a los jugosos negocios que le permiten
incrementar sus ganancias.
Así
pues, se ve que, después que el Legislativo ha actuado, viene el Ejecutivo y
hace su parte; a la fecha, va avanzado el proceso de firma de contratos que
permitirá a la empresa privada, principalmente extranjera, obtener importantes
ganancias, Finalmente el Poder Judicial lo avala y se realiza el gran despojo,
todo dentro de una legalidad aparente.
En
el caso de la corrupción, se acepta que este problema es muy grave en el país
especialmente en las estructuras del estado, aunque siempre se las arreglan
para insistir en que la corrupción en México es una cuestión de cultura, es
decir, que “la corrupción somos todos”. Se propone poner en marcha un plan
anticorrupción; el Legislativo arma el Sistema Nacional Anticorrupción, se
envía a los estados para su aprobación, proponen crear estructuras encabezadas
por el propio presidente de la república -un político sobre el que pesa la
sospecha de haber cometido actos de corrupción en su ejercicio y es el único
que no puede ser acusado por el Sistema- mientras que la sociedad mira
escéptica el proceso.
Luis
Carlos Ugalde (2017), afirma que a dos años de aprobada la Ley todavía no se
nombra al fiscal anticorrupción. Admite incluso que no habrá total
independencia con respecto a los poderes pero de todos modos considera que
significa un paso adelante.
Habría
que observar de todos modos que los distintos grupos políticos que actúan en el
panorama nacional -como ocurre con todos los “órganos ciudadanos” del país-,
están tratando de colocar en la fiscalía a personas afines a sus propios
intereses, lo que significa un retroceso para los fines del Sistema Nacional
Anticorrupción.
Se
aprecia que el estado mexicano ha sido totalmente controlado por una clase
política mañosa, corrompida que representa intereses distintos a los de la
mayoría de los mexicanos; una clase política que representa los intereses de
los grandes monopolios internacionales y que además, no está dispuesta a soltar
el poder.
Hoy
el panorama político de México se parece al que priva en muchos países del
mundo donde las mayorías tienen reconocido el poder para votar por sus
representantes pero, por alguna razón, resulta que siempre terminan sufragando
en favor de individuos que, una vez con el poder en sus manos, acuerdan siempre
en contra de los intereses de la mayoría. Y pareciera que no hay posibilidades
de corregir pues transcurren los períodos de gobierno y la situación no mejora,
por el contrario la situación empeora.
Seguramente
el problema tiene que ver con el atraso, la falta de conciencia y, sobre todo,
la falta de organización de quienes forman las clases mayoritarias, pues
solamente así se explica que pequeños grupos manejen a su conveniencia el
destino de muchos países. Los enemigos de las mayorías controlan incluso las
estructuras que han sido creadas para promover la organización de las distintas
clases, como los partidos políticos. Al parecer los grandes problemas del país
no se resolverán sino hasta que esas mayorías se organicen y construyan los
organismos que se requieren para hacerse presente en las estructuras del estado
a través de representaciones legítimas que defiendan los intereses de las
mayorías.
Al
parecer se necesita armar un contrapeso real al de quienes ejercen el poder sin
contrapesos, pues todos se suman hacia el lado del interés del capital y de la
clase política que cuida sus negocios.
Las propuestas
No
obstante y mientras la ciudadanía impulsa su proceso de organización y
fortalecimiento político, existen algunas estrategias que deben ponerse en
marcha o ampliarse para seguir abriendo caminos sin importar que se avance
lentamente en esta etapa.
1.- Plena
transparencia de la actividad gubernamental: La ciudadanía debe exigir que se
amplíe y profundice la información sobre todas las acciones, el desempeño y las
propuestas que surjan de los poderes del estado, a fin de que la comunidad
tenga la oportunidad de conocer lo que se está haciendo con los asuntos de
todos y pueda así exigir que, la actuación del poder público, se ajuste a los
términos de la ley.
2.- Una
nueva gobernanza: La ciudadanía debe exigir que se ponga en marcha una nueva
forma de gobernar, incorporando a los interesados en la formulación, ejecución
y evaluación de todas las políticas públicas que pongan en marcha los tres
poderes del estado a fin de comenzar a estructurar esos contrapesos que
necesita la acción hasta ahora muchas veces unilateral del estado.
3.-
Combate a la corrupción. Los ciudadanos deben exigir que los propios funcionarios
públicos no tengan en sus manos el impulso al combate a la corrupción para
evitar que actúen como juez y parte; es necesario que se incorpore a la
ciudadanía en esta tarea, por ejemplo a través de Consejos Ciudadanos que
intervengan en las auditorías de programas y proyectos del gobierno.
4.-
Combate a la impunidad. Es necesario exigir que se combata la impunidad, pues
su existencia propicia en los delincuentes el sentimiento de que pueden seguir
violando la ley, pues siempre hay posibilidades de evitar el castigo. La vía
para terminar con la impunidad debe ser también mediante la incorporación de la
ciudadanía que debe intervenir de manera directa ante la ineficacia de los
actuales controles oficiales.
IV.
Aportación
personal
En
el presente trabajo, la aportación personal es aquella que se refiere al rol
que juega la clase política mexicana en el proceso de desarrollo de la
república. En esta manera de enfocar el problema, la clase política, agrupada
en un número amplio de partidos políticos que declarativamente se pronuncian
por diversas concepciones para el desarrollo nacional, aparece, con pocas
excepciones, como un grupo con actitudes, estilos y principios políticos
bastante uniformes, sobre todo a la hora en que ejercen el poder, ya sea como
diputados, presidentes municipales, gobernadores o presidentes de la república;
casi todos van sobre lo mismo: El dinero público. La gran mayoría va al
cumplimiento de sus encargos más con la idea de sacar provecho que contribuir
al engrandecimiento de los grupos sociales que dicen representar.
Carlos
Arrieta (2016), publicó una lista de 12 ex gobernadores perseguidos por la
justicia (la mayoría prófugos o enfrentando procesos y otros todavía sin
proceso abierto), acusados por delitos relacionados con el mal uso del dinero
público y algunos por tener nexos con la delincuencia organizada:
Javier
Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, prófugo, llegó postulado por el
PRI.
Guillermo
Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, preso, lo postuló el PAN.
Jesús
Reyna García, ex gobernador de Michoacán, preso, del PRI.
Rodrigo
Medina, ex gobernador de Nuevo León, con proceso, del PRI.
Tomás
Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, prófugo, también del PRI.
Eugenio
Hernández Flores, también ex gobernador de Tamaulipas, prófugo, y del PRI.
César
Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, prófugo, del PRI
Jorge
Herrera Caldera, ex gobernador de Durango, con amparo, del PRI
Miguel
Alonso reyes, ex gobernador de Zacatecas, con señalamiento, postulado por el PRI.
Roberto
Borge, ex gobernador de Quintana Roo, con señalamiento, viene del PRI.
Mario
Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, del PRI y a quien Carlos
Arrieta (op. Cit.) Señala como el que marcó “El camino de la corrupción y los
narcogobiernos”.
Pablo
Montes Mendoza (2017) resumió genialmente la razón de la corrupción de los
gobernadores: “Dado que el éxito profesional de la mayoría de los actores
políticos locales depende del apoyo del gobernador, nuestro sistema
institucional comete el absurdo de encargar a políticos con necesidad de
recursos (actores locales) la responsabilidad de vigilar a políticos con una
infinidad de recursos a su discreción (gobernadores). Así es como se crea el
círculo vicioso”.
V.- Conclusión
Luego
de haber analizado la teoría sobre la estructura del régimen político, así como
haber revisado algunos de los más graves problemas que afectan a la sociedad
mexicana, se ha planteado que la raíz, el origen de ellos se encuentra no
precisamente en la estructura del régimen político, sino, por una parte, en la
calidad de los cuadros políticos que envían los partidos a ocupar los
principales encargos dentro de la estructura del estado y, por otro, en la
inexistencia, hasta la fecha, de condiciones que inhiban el mal manejo delos
recursos y el establecimiento de nexos con la delincuencia organizada.
Se
ha opinado también en el sentido de que la sociedad mexicana ha estado fuera de
los espacios donde se cocinan los asuntos políticos. La ciudadanía no puede
acceder ni se interesa por participar en el interior de los partidos políticos
porque tiene muy mala opinión de ellos.
Tampoco
les abren la puerta a los ciudadanos para que puedan auditar socialmente las
obras comunitarias. Aunque el mecanismo denominado “contraloría social” existe
desde hace años, la verdad es que políticos y funcionarios manipulan el
procedimiento para que los comités firmen las actas de entrega recepción de
obras aunque no estén terminadas o presenten fallas evidentes. Se sabe que han
llegado incluso a corromper a los integrantes de los comités de contraloría
para poder extraer los recursos.
De
ahí que hemos propuesto una serie de medidas encaminadas todas a abrir los
espacios a la participación comunitaria e instaurar una nueva manera de
gobernar, una nueva gobernanza.
Finalmente
concluimos también el beneficio que hemos obtenido al abordar este tema; nos ha
permitido vincular conceptos teóricos con el contexto local y nacional;
adquirir una visión más completa y clara del fenómeno político y poder realizar
una propuesta para el ataque de los principales problemas del país.
VI.- Referencias
-ISUANI
ERNESTO. 1979 TRES ENFOQUES SOBRE EL CONCEPTO DE ESTADO. En “El Estado y las
políticas de seguridad social hacia el trabajo: el caso argentino”. Tesis de
doctorado. Universidad de Pittsburg, cap, I. Traducido por Nelson Dionel
Cardozo.
-Vargas,
A. (Julio - Diciembre de 1998). Notas sobre los conceptos de Sistema y Régimen
Político. Estudios Políticos No. 13. Medellín.
-Luis
Carlos Ugalde. Fiscal Anticorrupción. Artículo publicado por El Financiero el
21 de marzo de 2017. Recuperado de: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/fiscal-anticorrupcion.html
-
Cendejas M. ¿Y qué fue del sistema Nacional Anticorrupción? Artículo, El
Universal (27-01-2017).Recuperado de: http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2017/01/27/y-que-fue-del-sistema-nacional-anticorrupcion
-
Arrieta C. 12 ex gobernadores, en la mira de la justicia. El Universal. México.
12/11/2016. Recuperado de: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/11/12/12-ex-gobernadores-en-la-mira-de-la-justicia
Montes
P. ¿De dónde surge la impunidad de los gobernadores? Revista Letras Libres No.
218. Feb. 2017. Edición España. Recuperado de: http://www.letraslibres.com/mexico/revista/donde-surge-la-impunidad-los-gobernadores
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