DIVISIÓN DE PODERES Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO LOCAL Y/O NACIONAL

Nombre:	Jorge Alberto Allec Maciel
Universidad:	Universidad Virtual del Estado de Guanajuato
Fecha de elaboración:	19 de marzo de 2017
Nombre del Módulo:	Régimen Político y División de Poderes
Nombre de la Evidencia de Aprendizaje:	División de poderes y análisis del contexto nacional y/o local
Nombre del Asesor:	Edgar Camacho Martinez

	Contexto local	Contexto nacional
Poder ejecutivo	Tomemos el caso de San Miguel Totolapan en la tierra caliente. La comunidad se armó para enfrentar a un grupo de la delincuencia organizada. La mayoría de los maestros de la zona cerraron las escuelas y, todos, exigen al Ejecutivo que detenga al líder de la banda y a sus cómplices, entre ellos un diputado local. ¿Cómo aborda este grave problema social el Ejecutivo? Hasta ahora sólo con declaraciones, pero lo cierto es que hasta el momento los pobladores de Totolapan no han podido siquiera lograr que el Congreso local retire al fuero al diputado acusado de asesinato. Si el Ejecutivo quisiera, ya estaría en prisión el líder del grupo armado y el diputado acusado de asesinato estaría sin fuero enfrentando las acusaciones ante los tribunales competentes, pues este Congreso, como la mayoría de los Congresos locales no pueden servir como contrapesos al poder del ejecutivo; la división de poderes necesita mayor equilibrio.	En este caso, vamos a hablar del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Cuál ha sido la forma como aborda el Ejecutivo federal este problema también de suma gravedad? El Ejecutivo federal y sus funcionarios desde la PGR y la propia Secretaría de Gobernación, no han hecho otra cosa que tratar de cerrar el caso sin aclarar qué pasó en realidad el 26 y 27 de septiembre de 2014. Después de casi 18 meses, el Ejecutivo mexicano no sólo no encuentra a los desaparecidos, tampoco aclara plenamente ¿qué pasó ese día en Iguala?, ¿cuál fue el papel del Ejército?, ¿por qué no se han aclarado líneas de investigación propuestas por el equipo que estuvo en México por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Debido a la actitud incomprensible de algunas dependencias del Ejecutivo, el caso de Ayotzinapa representa un caso que no beneficia la imagen del país.
Poder legislativo	El poder legislativo de Guerrero, aborda el problema de San Miguel Totolapan con una actitud de complicidad con presuntos delincuentes, pues lo que procede es que de inmediato retiren el fuero al diputado acusado no sólo de asesinato, sino de mantener nexos con grupos que se mueven en el terreno de la ilegalidad. De paso los diputados demuestran que no representan ningún contrapeso en relación con el ejecutivo y que la representación de la ciudadanía guerrerense necesita mayor decisión. La forma como opera el sistema político permite que las supuestas representaciones populares se llenen de individuos que no tienen ningún compromiso con los ciudadanos.	Con algunas honrosas excepciones, los diputados y senadores han dejado que la ilegalidad se apodere del país. En el caso que nos ocupa, bien pudiera el Congreso exigir al Ejecutivo que declaren los militares que estuvieron en el cuartel cercano a Iguala los días del terrible suceso. ¿Dónde está el poder del Congreso mexicano en el caso de los sucesos de Iguala en 2014? No lo vemos.
Poder judicial	El poder judicial del estado debe tener un compromiso indeclinable con la aplicación de la justicia. Para que juegue su papel de contrapeso debe intervenir justamente cuando la legalidad es violentada de manera flagrante por el Poder Ejecutivo, con la complicidad de los diputados del Congreso local, pero hasta ahora no hemos escuchado la voz del Tribunal Superior de Justicia incluso en casos tan aberrantes como la acción de la Fiscalía del estado, que emitió la orden de aprehensión contra el diputado acusado de asesinato, antes de que fuera desaforado. Este “adelanto” del Fiscal y algunos retrasos en la información que solicitan los diputados son usados como pretexto por el Congreso para no desaforar al diputado acusado de haber cometido un crimen.	En el caso de Ayotzinapa, lo mismo pasa con el Poder Judicial. Si los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvieran un compromiso a fondo con la causa de México, seguramente ya habrían buscado la forma de que los sucesos de Iguala, que han conmocionado al mundo, hubieran sido resueltos ya para bien de la república.